TEMA 9. PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL.
1.- GUERRA, PAZ Y HEGEMONÍA A COMIENZOS DEL SIGLO XXI.
Un norteamericano anunció el fin de la Historia tras la caída del muro de Berlín. A pesar de lo exagerado de esta afirmación, a mediados del siglo pasado ingresamos en una nueva etapa de la historia universal que comportó el fin de la Historia tal y como la hemos conocido en los últimos diez mil años, es decir, desde la invención de la agricultura sedentaria. Y no sabemos hacia dónde nos dirigimos.
Las transformaciones tecnológicas y en los procesos de producción son evidentes. Basta pensar en la velocidad a la que se ha producido una revolución en el terreno de las co¬municaciones que ha acabado con las cuestiones de índole temporal y espacial. En 2012, Internet, sin embargo, apenas tiene veinte años de vida.
1.1.- Aspectos sociales del cambio.
Hay cuatro aspec¬tos sociales de esta revolución que inciden en el futuro inter¬nacional: el funesto declive y caída del campesinado, que constituyó hasta el siglo XIX el grueso de la humanidad y la base del sistema económico; la importancia que, en conse¬cuencia, ha ido cobrando una sociedad predominantemente urbana, y sobre todo las megalópolis con sus millones de ha¬bitantes; la sustitución de un mundo basado en la comunica¬ción verbal por un mundo donde la lectura es un hecho uni¬versal y en el que hombres y máquinas practican la escritura; y, por último, los cambios en la situación de las mujeres.
-El declive y la caída del sector de la población mundial de¬dicado a tareas agrícolas es obvio en el mundo desarrollado. Hoy, la agricultura da empleo al 4 por 100 de la población ocu¬pada en los países de la OCDE, y al 2 por 100 en Estados Uni¬dos. Sin embargo, no sólo en esas zonas es evidente. A mediados de los años sesenta, existían todavía en Europa cinco estados donde más de la mitad de la población ocupada tra¬bajaba en este sector, once en el continente americano, die¬ciocho en Asia y era el sector principal en todos los países afri¬canos, a excepción de tres: Libia, Túnez y Sudáfrica. Hoy, la situación ha dado un vuelco. Por cuestiones prácticas, ya no quedan en Europa o en América países con más del 50 por 100 de la población dedicada a la agricultura, ni tampoco en el mundo islámico. Incluso en Pakistán la cifra es inferior al 50 por 100. En el caso de Turquía, la población dedicada a la agricultura ha pasado de tres cuartas partes aun tercio, y algunos de los principales baluartes de la economía campesina en el sudeste asiático se han venido abajo: en Indonesia, la proporción ha pasado del 67 por 100 al 44 por 100; en Filipi¬nas, del 53 por 100 al 37 por 100; en Tailandia, del 82 por 100 al 46 por 100; en Malasia, del 51 por 100 al 18 por 100. De he¬cho, sí exceptuamos la mayor parte del África subsahariana, los únicos bastiones de la sociedad rural —donde más de un 60 por 100 de la población ocupada se dedica a la agricul¬tura— se hallan hoy en las zonas del sudeste asiático antaño en manos de los imperios francés y británico: India, Bangla Desh, Myanmar y los países de la península indochina. A finales de los años sesenta, la población rural suponía la mitad de los habitantes de Taiwán y de Corea del Sur; hoy representa, respectiva¬mente, el 8 por 100 y el 10 por 100. En pocas décadas habre¬mos dejado de ser lo que fuimos desde nuestra aparición: una especie formada principalmente por cazadores, reco¬lectores y productores de alimentos.
-También habremos dejado de ser una especie eminente¬mente rural. En 1900, solamente el 16 por 100 de la población del planeta vivía en ciudades. En 1950, esta cifra estaba ligera¬mente por debajo del 26 por 100. Hoy, se sitúa en tomo al 48 por 100. En los países desarrollados y en muchas otras regio-nes del planeta, el campo, incluso en zonas productivas desde el punto de vista de la agricultura, es un desierto verde donde apenas tienen presencia los humanos, salvo los que viajan en coche o los que habitan pequeños asentamientos, y el viajero sólo se topa con otras personas al llegar a la población más cer¬cana. En este caso, sin embargo, la extrapolación se complica. Es cierto que el grado de urbanización en los viejos países desarrollados es considerable, pero no nos encontramos ya ante el modelo típico de urbanización que se había dado hasta hoy, y que consistía en la desesperada huida del campo a lo que podríamos denominar hiperciudades. Las ciudades en el mundo desarrollado, incluso las ciudades que crecen a un ritmo normal, asisten a la suburbanización de áreas cada vez mayores que se sitúan alrededor del centro o centros origina¬les. Hoy, solamente diez de las cincuenta mayores ciudades del planeta, y únicamente dos de las dieciocho que cuentan con más de diez millones de habitantes, se hallan en Europa o en Norteamérica. A excepción de Oporto, en Portugal, las ciudades cuyo ritmo de crecimiento es más elevado y que su¬peran el millón de habitantes se encuentran en Asia (20), África (6) y América Latina (5). Dejando de lado otras posibles consecuencias, esta situación supone, especialmente en paí¬ses con parlamentos o presidentes elegidos democrática¬mente, un cambio drástico en el equilibrio político entre las zonas urbanas con una gran densidad de población y las pobla¬ciones rurales geográficamente repartidas por el territorio de unos estados donde casi la mitad de la población vive en la ca¬pital, aunque nadie acierta a explicar en qué condiciones.
-Poco diremos del cambio educativo, pues no es fácil distin¬guir los efectos sociales y culturales de la alfabetización ge¬neral de los efectos sociales y culturales de esta revolución súbita y sin precedentes en los medios de comunicación pú¬blicos y privados en la que estamos sumidos. Permítanme tan sólo apuntar un hecho significativo. Existen en la actua¬lidad veinte países donde más del 55 por 100 de las franjas de edad afectadas siguen con sus estudios después de la educa¬ción secundaria. No obstante, menos en el caso de Corea del Sur, todos estos países pertenecen a Europa (tanto viejos países capitalistas como antiguos países socialistas), Nor¬teamérica y Australasia. Capaz de generar capital humano, el viejo mundo desarrollado conserva todavía una ventaja sus¬tancial sobre los principales países que se han incorporado a este escenario en el siglo XXI. ¿Cuánto tardarán la India y especialmente China en recortar esta distancia?
-la emancipación de la mujer es el gran cambio social que se produjo en el siglo pasado. No hay mejor indicador de la emancipación de la mujer que el hecho de que hayan igualado o incluso supe¬rado a los hombres en su nivel de estudios. No es necesario apuntar que todavía hay regiones del planeta donde, sin embargo, aún están muy por detrás.
1.2.- Factores que han in¬fluido en la situación actual. La crisis de los estados-nación.
A lo largo del siglo XX la población mun¬dial, a excepción del continente americano, dejó de estar mayoritariamente gobernada, como si la situación respondiera aun mandato superior, por príncipes hereditarios o por agen¬tes de potencias extranjeras. Nació una retahíla de estados técnicamente independientes, cuyos gobiernos, incluidos los regímenes denominados «totalitarios», reclamaban para sí le¬gitimidad ante el «pueblo» o la «nación» al tiempo que soste¬nían que habían llegado al cargo por medio de plebiscitos, procesos electorales reales o fraudulentos, o por ceremonias públicas periódicas en las que participaba la muchedumbre y que simbolizaban el vínculo existente entre la autoridad y el «pueblo». De un modo u otro, el pueblo dejó de ser un con¬junto de súbditos para convertirse en un conjunto de ciudada¬nos que, en el siglo XX, no sólo incluía a los hombres, sino tam¬bién a las mujeres.
En buena parte del planeta se advierte una tendencia general, un cambio en la postura del propio estado territorial independiente, que a lo largo del siglo XX se con¬virtió en la unidad política e institucional básica bajo la que se agrupaban las personas. En su hogar original, en la región noratlántica, se inspiraba en diferentes innovaciones origina¬rias de la Revolución Francesa. Suyo era el monopolio de los mecanismos del poder y de los coercitivos: armas, soldados y prisiones; por medio de una autoridad central y de sus gentes, ejercía un control cada vez más férreo de lo que sucedía dentro de sus fronteras, gracias a la creciente capacidad del sistema para recabar información. Aumentó el abanico de sus actividades, así como su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, y supo movilizar a la población apelando a su lealtad al estado y a la nación. Esta fase del desarrollo del estado alcanzó su punto álgido hace unos cuarenta años.
Pensemos en el «estado del bienestar» de la Europa occi¬dental de los años setenta, en el que el «gasto público», es decir, el porcentaje del PNB destinado a programas públicos y no al consumo privado o a la inversión, apenas estaba entre el 20 y el 30 por 100 (Economist WorId). Pensemos, por otro lado, en la predisposición de los ciudadanos no sólo a permi¬tir que las autoridades públicas crearan impuestos para in¬crementar esas cantidades extraordinarias sino a alistarse en el ejército para luchar y morir «por su país» por millones en las dos guerras mundiales del siglo pasado. Durante más de dos siglos, y hasta los años setenta, el crecimiento del es¬tado moderno fue una constante, y fue ajeno a cuestiones de ideología o de organización política: liberal, socialdemócrata, comunista o fascista.
La situación, sin embargo, ha cambiado y la tendencia se ha invertido. Vivimos en un mundo económico que se globaliza a una velocidad vertiginosa y que depende de empresas privadas transnacionales que se empeñan en vivir al margen de las leyes estatales y de los impuestos del estado, lo que li¬mita notablemente la capacidad de otros gobiernos aún mayores para controlar sus propias economías. Gracias a la teología dominante del libremercado, los estados han ido de¬jando un buen número de sus actividades directas más tradi¬cionales —servicios de correos, policía, prisiones e incluso al¬gunos sectores importantes de las fuerzas armadas— en manos de contratistas privados que sólo piensan en enrique¬cerse. Con el desarrollo y el de¬sembarco masivo en todos los rincones del planeta de arma¬mento pequeño y de gran precisión durante la guerra fría, los estados y sus actores han perdido el monopolio de las fuerzas armadas. Algunos estados más fuertes y más estables, como Gran Bretaña, España o la India, han aprendido a vivir durante grandes períodos sin el miedo a grupos de disidentes armados, indestructibles en la práctica y que, sin embargo, no suponían tampoco una amenaza para el sistema. Por diferentes moti¬vos, hemos asistido a la rápida desintegración de un buen nú¬mero de estados miembros de las Naciones Unidas, fruto las más de las veces, aunque no siempre, de la desintegración de los imperios del siglo XX; imperios cuyos gobiernos nomina¬les eran incapaces de administrar o de ejercer un control real en buena parte del territorio, o sobre la población o sus insti¬tuciones.
Resulta sorprendente, asimismo, la legitimidad cada vez menor de los estados, y el hecho de que se vea con más reti¬cencia la obligación de dejar en manos de los habitantes, ya sean ciudadanos o súbditos, el gobierno y sus leyes. El imperialismo de los siglos XIX y XX no habría sido posible de no ha-ber existido la predisposición de grandes segmentos de la población a aceptar como legítimo cualquier poder estatal efectivamente establecido, incluso el de un puñado de ex¬tranjeros. Solamente aquellas zonas donde esta convicción era inexistente, como Afganistán o el Kurdistán, las potencias extranjeras no supieron cómo actuar. Pero no sólo la obediencia de los súbditos está quedando ya como algo de un pasado más y más remoto; también la de la ciudadanía. Es muy dudoso que existan en la actualidad estados, a excepción de Estados Uni¬dos, Rusia o China, que puedan embarcarse en una guerra a gran escala con ejércitos de reclutas dispuestos a luchar y a morir «por su país». Pocos estados occidentales pueden con¬fiar hoy, como hicieran en el pasado la mayoría de los «países desarrollados», en que la población, con la salvedad de los cri¬minales y otros sectores situados en los márgenes del or¬den social, respetará la ley y se comportará según las reglas del juego. El aumento extraordinario, entre otros, de los me¬dios tecnológicos para mantener a los ciudadanos sometidos a una vigilancia constante —con cámaras en lugares públi¬cos, escuchas telefónicas, acceso a datos personales y a orde¬nadores, etc— no ha mejorado la eficacia del estado ni la de la ley en esos países; sí que ha provocado, por el contrario, una pérdida de libertad de los ciudadanos.
Todo esto ocurre en una época de una globalización ver¬tiginosa, en una época en la que se han acentuado las disparidades regionales en el planeta. Porque, por naturaleza, la globalización da lugar a un crecimiento asimétrico y dispar, y subraya asimismo la contradicción entre los ámbitos de la vida contemporánea sujetos a la globalización y a las presio¬nes de la uniformización global, como la ciencia, la tecnolo¬gía, la economía, diferentes infraestructuras técnicas y, en menor medida, las instituciones culturales, y los que no lo es¬tán, como el estado y la vida política. La globalización, por ejemplo, trae consigo lógicamente un aumento del flujo de mano de obra que emigra de las regiones más pobres a las más ricas. Este movimiento, sin embargo, provoca un cierto grado de tensión social y política en los diferentes estados afecta¬dos, en especial en los países ricos del viejo Atlántico Norte, aun siendo, en términos globales, un movimiento sin impor¬tancia: en la actualidad, solamente el 3 por 100 de la población mundial vive fuera de su país de nacimiento. A diferencia de lo que sucede con los movimientos de capitales y de produc¬tos y de las comunicaciones, los estados y la política han lo¬grado dificultar no sin éxito estas emigraciones laborales.
Dejando de lado la terrible desindustrialización que la vieja Unión Soviétíca y las economías socialistas de la Europa del Este sufrieron en los años noventa, el desequilibrio más extraordinario de los que se han derivado de la globalización económica es el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial, que ha pasado de la región que limitaba con el Atlántico Norte a diferentes puntos de Asia. Nadie puede ya dudar de que el crecimiento de la economía mundial durante los últimos diez años se debe, en gran medida, a los motores asiáticos, y más concretamente al fabuloso aumento de la producción in¬dustrial en China. Es evidente que esta situación aún no ha modificado el peso re¬lativo de Asia y del Atlántico Norte, por cuanto Estados Uni¬dos, la Unión Europea y Japón representan todavía el 70 por 100 del PNB del planeta. Sin embargo, Asia ya deja notar su presencia. En términos de compra de energía, el sur, el su¬deste y el este asiáticos constituyen un mercado casi dos ter¬cios mayor que el de Estados Unidos.

1.3.-Posibilidad de un orden internacional en la actualidad.
De entrada, la paz mundial parece hoy más factible que en el siglo XX, un siglo marcado por una cifra ré¬cord de guerras mundiales y por las muchas formas de morir a gran escala.
La guerra típica del siglo XX, la guerra entre estados, ha perdido peso rápidamente. En la actualidad no hay conflictos entre estados, aunque no podemos descartar que vaya a haberlos en distintas regiones de África y Asia, o en aquellas zonas donde la inestabilidad o la cohesión de los estados existentes se vean amenazadas. Por otro lado, aunque no es¬tamos ante una amenaza inmediata, no ha desaparecido el riesgo de una gran guerra global, fruto probablemente de la reticencia de Estados Unidos a aceptar la aparición de China como su rival. En ocasiones, incluso, las posibilidades de evitar su estallido parecen muy superiores a las que había en 1929 para evitar la segunda guerra mundial, si bien conviene no olvidar que la posibilidad de esta guerra seguirá presente en las décadas venideras.
Sin embargo, y aun sin las guerras tradicionales entre es¬tados, grandes o pequeñas, pocos son los observadores rea¬listas que auguran que este será un siglo en el que el mundo vivirá ajeno a la presencia constante de armas y a los brotes de violencia. El terror como tác¬tica es indiscriminado y moralmente inaceptable, tanto si se amparan en él grupos clandestinos como si lo hacen los es¬tados. También ha crecido el miedo a que pequeños grupos terroristas opten por la guerra biológica, al tiempo que no parecen preocuparnos tanto los riesgos, mayores e impredecibles, que indudablemente se plantearán cuando la ma¬nipulación de los procesos vitales, incluida la vida humana, se nos vaya de las manos. Aun así, el peligro real que para la estabilidad mundial o para cualquier estado consolidado suponen las actividades de las redes terroristas panislámicas a las que Estados Unidos declaró la guerra global, así como las de la suma de todos los grupos terroristas que ope¬ran en cualquier punto del planeta, es residual. Aunque han logrado asesinar a muchas más personas que sus anteceso¬res —y menos que los estados—, el riesgo es mínimo desde un punto de vista estadístico y su importancia, escasa en tér¬minos de agresión militar. A menos que estos grupos puedan hacerse con armas nucleares, una posibilidad que, no por no ser inmediata, podemos descartar, el terrorismo no provo¬cará la histeria, sino la reflexión.

1.4.- El caos mundial
Con todo, el caos mundial es una realidad, como también lo es la perspectiva de otro siglo de conflictos armados y de ca¬lamidades humanas.
En primer lugar, las desigualdades a que ha dado lugar la globalización descontrolada del libremercado, y que han aumentado a un ritmo exponencial, son el caldo de cultivo natural de todo tipo de inestabilidades y agravios. En segundo lugar, ya no existe un sistema de superpotencias internacionales plurales como el que estuvo vi¬gente y que evitó que, salvo en el catastrófico período com¬prendido entre 1914 y 1945, estallara una guerra total. Este sistema descansaba en un postulado que se remontaba a los tratados que habían logrado acabar con la guerra de los Treinta Años en el siglo XVII: existían en el mundo unos es¬tados cuyas relaciones se regían por diversas reglas, y entre ellas la de no interferir en los asuntos internos del otro, y por una distinción diáfana entre guerra y paz. Sin embargo, nada de todo esto es válido en la actualidad. Otro de los pilares del sistema era la realidad de un mundo donde convivían dife¬rentes potencias, algo que ya existía en la reducida «primera división» de estados, apenas un puñado de «grandes poten¬cias» que, a partir de 1945, se reduciría aún más, hasta quedar sólo dos superpotencias. Ninguna de las dos supo imponerse de un modo abrumador. Incluso fuera de buena parte del mundo occidental, la hegemonía regional siempre se de¬mostró temporal. Ambas estaban condenadas a convivir. El final de la URSS y la sensacional superioridad militar de Es-tados Unidos han puesto fin a este sistema de potencias. Es historia, Y no sólo eso, sino que, desde 2002, Estados Unidos se ha dedicado a denunciar las obligaciones que el país había contraído en virtud de los diferentes tratados rubricados y de las convenciones que articulaban el sistema internacional, aprovechándose de una supremacía que todo apunta que será larga en el terreno de la tecnología militar, y que hoy lo convierte en el único estado capaz de llevar a cabo una ope¬ración militar de envergadura en cualquier parte del mundo y en un breve lapso de tiempo.
Los ideólogos de Estados Unidos y sus partidarios ven en esto el inicio de una nueva era de paz mundial y de creci¬miento económico, auspiciado por un magnánimo imperio global norteamericano, al que equivocadamente comparan con la Pax Britannica del Imperio británico del siglo XIX. Y digo que se equivocan porque, históricamente, a su alrede¬dor, es decir fuera de sus propios territorios, los imperios no han traído la paz y la estabilidad. Si algo ha caracterizado esas regiones ha sido la ausencia de un gran conflicto inter¬nacional que les impidiera emanciparse, como sucediera con el Imperio británico. En cuanto a los buenos propósitos de los conquistadores y a los efectos benéficos de su presencia, pertenecen a la esfera de la retórica imperial. En términos morales, los imperios siempre se han justificado a sí mis¬mos, y en ocasiones no sin una cierta sinceridad, tanto cuando afirmaban que llevaban (su versión de) la civilización o la religión a unos pueblos sumidos en la ignorancia, como cuando decían llevar (su versión de) la libertad a los oprimi¬dos (por otro imperio) o, en la actualidad, cuando se presentan como los campeones de los derechos humanos. Nadie puede negar que los imperios también hayan dado frutos positivos. Sostener que el imperialismo llevó consigo la mo¬dernidad a un mundo atrasado, una afirmación hoy sin la menor validez, no era del todo espuria en el siglo XIX. Defen¬der, sin embargo, que aceleró considerablemente el creci¬miento económico de los territorios bajo su manto es algo mucho más discutible, cuando menos fuera de los territorios de ultramar bajo dominio europeo. Entre 1820 y 1950, el PIB per cápita medio de doce estados de la Europa occidental se multiplicó por 4,5, mientras que el aumento que se experi¬mentó en la India o en Egipto fue testimonial. En cuanto a la democracia, de todos es sabido que los grandes imperios no la exportaron; solamente las potencias en crisis hicieron concesiones, aunque mínimas.
Con todo, la verdadera cuestión es saber si un proyecto sin precedentes en la historia, el del dominio global por parte de un solo estado, es posible, y si la reconocida superioridad militar de Estados Unidos puede no sólo implantar este do¬minio, sino también consolidarlo. Y la respuesta a ambas preguntas es que no. Es cierto que los imperios se han cons¬truido a menudo con la ayuda de las armas, pero las armas no bastan para mantener el orden, como nos lo recuerda un viejo dicho que se remonta a los tiempos napoleónicos: «Pue¬des hacer lo que quieras con una bayoneta, salvo sentarte en ella». Y más todavía hoy, cuando incluso la superioridad militar más abrumadora ya no provoca, por sí misma, el consentimiento tácito. De hecho, la mayoría de los imperios histó¬ricos han ejercido el poder indirectamente, a través de las éli¬tes indígenas que, a menudo, gobernaban las instituciones indígenas, Pero, cuando la capacidad de ganarse amigos y colaboradores entre los súbditos fallaba, necesitaban algo más que las armas. Ni siquiera un millón de colonos, un ejér¬cito de ocupación de 80.000 soldados y la derrota militar de la insurgencia por medio de la masacre y de la tortura siste¬mática permitieron a los franceses conservar Argelia.
La hegemonía estadounidense durante la segunda mi¬tad de siglo no descansó en las bombas sino, económicamente, en la sensacional riqueza de Estados Unidos y en el papel pre¬ponderante de ese gigante económico en el mundo, espe¬cialmente a partir de 1945. Políticamente, lo hacía en el con¬senso general en los países del rico Norte de que aquellas sociedades eran preferibles a las que existían bajo los regíme¬nes comunistas. Allá donde no había acuerdo, como en Amé¬rica Latina, el consenso se materializaba en alianzas con las clases dirigentes y con unos ejércitos temerosos de una revo¬lución social. Culturalmente, en los atractivos de la próspera sociedad de consumo norteamericana, para deleite de sus ciudadanos y que el país que la había inventado exportaba, y en la conquista mundial de Hollywood. Ideológicamente, Es¬tados Unidos se beneficiaba sin lugar a dudas de ser el para¬digma de la lucha de la «libertad» contra la «tiranía», salvo en aquellas regiones donde su alianza con los enemigos de la li¬bertad era demasiado evidente.
Todo esto se mantenía fácilmente al final de la guerra fría. ¿Por qué no podían buscar otros países amparo en el liderazgo de la superpotencia que representaba lo que mu¬chos otros estados, las principales potencias económicas entregadas a la ideología neoliberal que estaba ganando te¬rreno en todo el planeta, habían adoptado, la democracia electoral? Su influencia era extraordinaria, como también lo era la de sus ideólogos y sus empresarios. Aunque la econo¬mía iba perdiendo su papel central en el mundo y ya no era el agente dominante en el terreno industrial y menos aún desde los años ochenta, los de las inversiones extranjeras directas, seguía siendo la de un gigante, y generaba una riqueza fabu¬losa. Quienes habían estado al frente de la política imperial habían procurado maquillar la realidad de la supremacía de Estados Unidos sobre sus aliados, en lo que conformaba una auténtica «coalición de los comulgantes». Sabían que, incluso después de la desaparición de la URSS, Estados Unidos ya no estaba solo en el mundo. Pero también sabían que la partida en la que se decidía la suerte del planeta se jugaba con unas cartas que ellos mismos habían repartido y de acuerdo con unas reglas que les favorecían, y que era impensable la irrupción de un contrincante con una fuerza y con unos in-tereses globales comparables. La primera guerra del Golfo, que contó con el respaldo de Naciones Unidas y de la comu¬nidad internacional, y la reacción inmediata a los atentados del 11 de septiembre pusieron de manifiesto la fortaleza de la postura norteamericana tras la caída de la Unión Soviética.

2. EL TERRORISMO.

2.1.- Violencia social y violencia política
Sería tentador decir que la violencia social en general y la violencia política no tienen nada que ver la una con la otra, dado que una parte de la violencia política de la peor clase puede producirse en países dotados de una tradición política y social notablemente no violenta, como Sri Lanka o Uru¬guay. No obstante, no es posible mantenerlas separadas en los países de tradición liberal, aunque sólo sea porque dichos países son precisamente aquellos en los que la violen¬cia política no oficial ha adquirido mayor relieve en el úl¬timo tercio del siglo XX, y donde, en consecuencia, lo mismo ha sucedido con la violencia estatal de signo contrario, de in¬tensidad habitualmente superior. Mientras conservan su capacidad operativa, los países dictatoriales o autoritarios dejan poco margen de maniobra a esta violencia política ex¬traoficial, del mismo modo que apenas dejan espacio alguno a la política extraoficial no violenta.
El aumento de la violencia en general forma parte del proceso de reversión a la barbarie que ha venido fortalecién¬dose en el mundo desde la primera guerra mundial. Su progreso resulta particular¬mente sorprendente en los países provistos de estados sólidos y estables, así como de instituciones políticas (en teoría) liberales, en los que el discurso público y las instituciones po¬líticas no distinguen más que entre dos absolutos que se excluyen mutuamente; la «violencia» y la «no violencia». Esta, ha sido una forma más de sentar la legitimidad del monopolio nacional que el estado tiene de la fuerza coercitiva, lo que ha venido íntimamente unido al desarme total de la pobla¬ción civil registrado en los estados desarrollados del siglo XIX, excepto en Estados Unidos, que por consiguiente han tole¬rado siempre un mayor grado de violencia en la práctica, aunque no en teoría. Desde finales de la década de 1960, los estados han perdido una parte de ese monopolio del poder y los recursos, y una porción aún mayor de la percepción de le¬gitimidad que inducía a los ciudadanos a acatar la ley. Por sí solo, esto explica buena parte del aumento de la violencia.
La retórica liberal ha sido siempre incapaz de reconocer que ninguna sociedad funciona sin cierta violencia en la po¬lítica —aunque sólo sea en la forma cuasi simbólica de los pi¬quetes de huelguistas o las manifestaciones de masas—, y que la violencia tiene grados y reglas, como es de dominio pú¬blico en las sociedades en las que forma parte de la urdimbre de las relaciones sociales y como constantemente trata de re¬cordar la Cruz Roja Internacional a los embrutecidos belige¬rantes del siglo XXI. Sin embargo, cuando las sociedades o los grupos sociales no acostumbrados a un alto grado de vio¬lencia social se ven en la tesitura de practicarla, o cuando en las sociedades tradicionalmente violentas se descomponen las reglas normales, los límites establecidos sobre el uso o el grado de la violencia pueden saltar. Por ejemplo, tengo la impresión de que las tradicionales rebeliones campesinas, teniendo en cuenta la brutalidad general de la vida y la con¬ducta rurales, no eran habitualmente demasiado sanguina¬rias —por lo común menos que su represión—. Cuando dichos levantamientos caían en la masacre o en la atrocidad, la violencia solía ir dirigida contra personas o categorías de personas concretas y contra propiedades —por ejemplo las casas de la pequeña aristocracia—, mientras que, a la in¬versa, otras gentes quedaban específicamente al margen de¬bido a que gozaban de buena reputación. Los actos violentos no eran arbitrarios, sino prescritos, casi podríamos decir, por el ritual de la ocasión. No fue la Revolución de 1917, sino la guerra civil rusa la que extendió las carnicerías a gran es-cala a la campiña rusa. Ahora bien, cuando desaparecen los frenos de la conducta consuetudinaria, los resultados pueden ser aterradores. Una de las razones de que los narcotraficantes colombianos hayan tenido tanto éxito en Estados Unidos estriba, a mi entender, en que, en la pugna con sus ri¬vales, han dejado de aceptar la acostumbrada convención machista de que no se debe matar a las mujeres y a los hijos de los adversarios.
Esta degeneración patológica en violencia política afecta tanto a los insurrectos como a las fuerzas estatales. Se ve fa¬vorecida simultáneamente por la creciente anomia que pre¬side la vida de los barrios urbanos pobres, en especial entre los jóvenes, una anomia que refuerzan tanto la difusión de la cultura de las drogas como la posesión de armas personales. Al mismo tiempo, el declive de los antiguos ejércitos integra¬dos por reclutas obligados a prestar el servicio militar, y el surgimiento de una soldadesca profesional a tiempo com¬pleto, disipan, en unos hombres que en esencia siguen siendo civiles, toda inhibición del esprit de corps que se les haya podido inculcar como representantes es¬tatales con dedicación exclusiva al uso de la fuerza. Entre¬tanto se ha producido una abolición virtual de los límites convencionales de cuanto es posible mostrar y describir en los medios de comunicación, cada vez más omnipresentes y proclives a englobarlo todo. La visión, la audición y la des¬cripción de la violencia en sus formas extremas es parte de la vida cotidiana, y en consecuencia, los controles sociales que gravitan sobre su práctica quedan disminuidos. En la Rusia soviética—o almenes en las ciudades en que había datos cri¬minológicos adecuados— la proporción de homicidios co¬metidos bajo la influencia del alcohol se situaba entre el 8o y el 85 por 100 del total. Hoy ya no necesitamos este tipo de sustancias que disipan las inhibiciones.
Sin embargo, existe una fuente de violencia ilimitada aún más peligrosa. Me refiero a la convicción ideológica impe¬rante en los conflictos, tanto internacionales como inter¬nos, desde el año 1914: la de que la propia causa es tan justa y la del adversario tan odiosa que la utilización de todos los me¬dios es no sólo legítima, sino necesaria, para alcanzar la vic¬toria o evitar la derrota.
Esto significa que tanto los estados como los insurrectos tienen la percepción de poseer una justificación moral para la barbarie. En la década de 1980, se observó que los jóvenes militantes de Sendero Luminoso, en Perú, estaban plena¬mente dispuestos a matar campesinos a montones con la conciencia perfectamente tranquila; al fin y al cabo no esta¬ban actuando como individuos, los cuales pueden albergar sentimientos sobre el particular, sino como soldados de la causa. Tampoco los oficiales del ejército o la armada que instruían a los reclutas, sobre los cadáveres de los prisioneros políticos, en las técnicas de tortura eran necesariamente brutos y sádicos en su vida privada. Esta circunstancia —tal como sucede en el caso de los miembros de las SS, a quienes de hecho se castigaba si cometían un homicidio involuntario en calidad de individuos particulares, aunque al mismo tiempo se les entrenara a perpetrar con toda calma asesina¬tos en masa— hace que sus actividades resulten más repren¬sibles, no menos. El ascenso de un colosal terror a lo largo del último siglo no es reflejo de «la banalidad del mal», sino de la sustitución de los conceptos morales por imperativos su¬periores. No obstante, al menos al principio, existe la posibilidad de reconocer el carácter inmoral de semejante conducta, como sucedió en los regímenes militares de América Latina en la época en que podía obligarse a todos los oficiales argentinos de una unidad a participar en actos de tortura a fin de que recayera sobre ellos, en conjunto, lo que de este modo quedaba admitido como una infamia compartida. Es de te¬mer que en el siglo XXI la aceptación de la tortura haya que¬dado convertida en algo demasiado rutinario como para dar pie a este tipo de gestos.
El crecimiento de la barbarie ha sido constante pero desigual. Alcanzó un máximo de inhumanidad entre 1914 y finales de la década de 1940, en la época de las dos guerras mundiales, de sus secuelas revolucionarias, de Hitler y de Stalin. La época de la guerra fría trajo consigo una marcada mejoría en el Primer y el Segundo mundos, esto es, en los países capitalistas desarrollados y en la región soviética, pero no en el Tercer Mundo. Esto no significa que la barbarie retrocediera de hecho. En Occidente, esta época (c. 1960-1985) fue testigo del aumento de los torturadores provistos de adiestramiento oficial y de una oleada de regímenes militares, carente de todo precedente histórico, que en América Latina y el Medi¬terráneo se dedicaron a practicar la «guerra sucia» contra sus ciudadanos.
Con todo, muchos esperaban que después del gran cam¬bio de 1989, la bruma de las guerras religiosas que había im¬pregnado el siglo XX se dispersaría, y con ella una de las ma¬yores fuentes de barbarie. Por desgracia no sucedió así. Si, por un lado, la desmedida magnitud del sufrimiento humano creció de forma espectacular en la década de 1990, por otro, las guerras religiosas alimentadas por ideologías laicas se vieron reforzadas, o sustituidas, por la reaparición de varias modalidades de fundamentalismo religioso propensas a de¬sencadenar cruzadas y contracruzadas.

2.2.- Principales brotes de violencia desde la década de los sesenta.
Dejando a un lado el derramamiento de sangre y la des¬trucción causada por las guerras entre estados, o promovidas por estados (por ejemplo: en Vietnam, en las confrontacio¬nes indirectas de las superpotencias registradas durante la década de 1970 en África y Afganistán, o en las guerras entre India y Pakistán e Iraq e Irán), ha habido tres brotes prin¬cipales de violencia y de contraviolencia política desde la década de 1960.
El primero de ellos se produjo con la reac¬tivación de lo que habría sido más correcto denominar «neoblanquismo» a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, a saber, el intento por parte de grupos de élite, por lo general pequeños y endogámicos, de derrocar regímenes o de alcanzar los objetivos del nacionalismo separatista mediante la acción ar¬mada. Fue un proceso en gran medida circunscrito a la Eu¬ropa occidental, donde estos grupos, procedentes princi¬palmente de las clases medias y por lo general carentes de respaldo popular al margen de las universidades (excepto en Irlanda del Norte), dependían en buena medida de la realiza¬ción de acciones terroristas capaces de atraer la atención de los medios (la Fracción del Ejército Rojo en la Alemania Fe¬deral) , aunque también de golpes a objetivos bien elegidos y capaces de desestabilizar la alta política de sus países, como el asesinato del previsible sucesor del general Franco en 1973 (por ETA) y el secuestro y posterior asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro en 1978 (por las Brigadas Rojas). En América Latina, estos grupos trataron fundamental¬mente de poner en marcha las actividades de la guerrilla y una serie de operaciones armadas a cargo de unidades de mayor tamaño, habitualmente en regiones apartadas, pero en algunos casos (Venezuela, Uruguay) también en ciudades. Algunas de esas operaciones fueron bastante serias —en los tres años del levantamiento Montonero de Argentina las fuerzas en conflicto, tanto regulares como irregulares, sufrie-ron 1.642 bajas (entre muertos y heridos)—. Las limitacio¬nes de estos grupos quedaron particularmente de manifiesto en la guerra de guerrillas rural, para la que resulta esencial un importante grado de respaldo popular, no ya para el éxito, sino para la supervivencia. Cuando algunos elementos ajenos al entorno inmediato intentaron establecer movimientos guerrillero basados sen el modelo cubano, la experiencia se saldó con fracasos espectaculares en toda Sudamérica, salvo en Colombia, donde grandes regiones del país habían escapado al control de la administración y de las fuerzas del gobierno central.
El segundo brote de violencia, que no se haría notar hasta finales de la década de 1980 y que se extendió enormemente debido a la desorganización civil y al derrumbamiento de varios estados en la década de 1990, es de raíz primariamente étnica y confesional. África, las zonas occidentales del islam, el sur y el sudeste de Asia, así como el sudeste de Europa, fueron las principales regiones afectadas. América Latina perma¬neció inmune a los conflictos étnicos y religiosos, el este de Asia y la Federación Rusa (a excepción de Chechenia) apenas se vieron implicados, mientras que la Unión Europea sólo se vio involucrada por el hecho de ser escenario de una xenofobia creciente, aunque sin derramamiento de sangre. En otros lugares, la ola de violencia política produjo matanzas de dimensiones desconocidas desde la segunda guerra mundial, y constituyó el episodio que mayores semejanzas haya pre¬sentado en los últimos tiempos con una reactivación del ge¬nocidio sistemático. A diferencia de los neoblanquistas europeos, que por lo general carecían del respaldo popular de las masas, los grupos activistas de esta época (Al Fatah, Hamás, la Yihad Islámica palestina, Hizbolá, los Tigres Tamiles, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, etc.) lograron contar con el apoyo general de sus poblaciones, y encontrar en ellas una cantera de reclutamiento permanente. Por con¬siguiente, los actos individuales de terror no revistieron para este tipo de movimientos una importancia capital, excepto como única respuesta posible al abrumador poderío militar del estado ocupante (como en Palestina), o en todo caso, en las guerras civiles, como elemento con el que compensar el ar¬mamento inmensamente superior del adversario (como en Sri Lanka). Aquí iba a revelarse el formidable y extraordina¬rio carácter de una de las principales novedades de la época: el terrorista suicida. Esta práctica—nacida como consecuen¬cia indirecta de la revolución iraní de 1979, la cual trajo apa¬rejada la potente ideología del chiismo, con su visión ideali¬zada del martirio— fue utilizada por primera vez en el año 1983 por Hizbolá en el Líbano, con efectos decisivos, contra los estadounidenses. Su eficacia quedó tan de manifiesto que fue adoptada por los Tigres Tamiles en 1987, por la palestina Hamás en 1993, y por Al Qaeda y otras formaciones islámicas ultras en Cachemira y Chechenia entre los años 1998 y 2000.
La otra, y muy sorprendente, manifestación de terro¬rismo individual o de pequeños grupos en esta época fue la notable reactivación del asesinato político. Si el período comprendido entre 1881 y 1914 fue la primera edad de oro de los homicidios políticos al más alto nivel, los años que van de mediados de la década de 1970 a mediados de la de 1990 se convirtieron en la segunda: así desaparecieron Sadat en Egipto, Rabin en Israel, Rajiv e Indira Gandhi en la India y un conjunto de dirigentes en Sri Lanka, pero también el apa¬rente sucesor de Franco en España, y los primeros ministros de Italia y Suecia—aunque en el caso de Suecia el elemento político resulte dudoso—. Las consecuencias de estas acciones no fueron revolucionarias, pese a que en ocasiones tuvieron claros efectos políticos, como en Israel, Italia y tal vez España.
No obstante, desde entonces, el alcance universal de la televisión ha hecho que las acciones dirigidas a causar el máximo impacto mediático sean políticamente más efectivas que las dirigidas contra las personas encargadas de tomar decisiones. A fin de cuentas, fueron acciones de este tipo las que pusieron fin en la década de 1980 a la presencia militar formal de Estados Unidos en el Líbano, y lo mismo ocurrió en Somalia en la década de 1990 y, de hecho, en Arabia Saudí después del año 2001. Uno de los lamentables signos del avance de la barbarie es que los terroristas hayan descubierto que, con tal de contar con la cobertura de las pantallas del mundo, el asesinato masivo de unos hombres y mujeres que en otras ocasiones resultarían insignificantes, asumiendo que sea de proporciones suficientes, capta la atención de los titula¬res mejor que cualquiera de los más célebres o simbólicos objetivos contra los que pudieran dirigir sus bombas.
En la tercera fase, que parece ser la predominante en el inicio del presente siglo, la violencia política ha adquirido un carácter de sistemática globalidad, como consecuencia tanto de las políticas estadounidenses aplicadas por el segundo presidente Bush como del establecimiento, quizá por pri¬mera vez desde el anarquismo de finales del siglo XIX, de un movimiento terrorista que deliberadamente opera en un plano transnacional. En este caso, el apoyo de las masas po¬pulares vuelve a presentar un carácter irrelevante. En su origen parece que Al Qaeda era una organización estructurada integrada por una élite, pero funcionaba como un movi¬miento descentralizado cuyas células, pequeñas y aisladas, habían sido concebidas para actuar sin respaldo popular ni tipo alguno de sostén. Al Qaeda tampoco precisa de un terri¬torio base. De este modo, ella misma, o una imprecisa red de células islamistas inspiradas por su organización, ha sobre¬vivido a la pérdida de su cuartel general en Afganistán y a la eliminación de Osama Bin Laden. Lo característico de este período es que las guerras civiles, u otra clase de conflictos, imposibles de encajar en el panorama general, como los incesantes enfrentamientos en Sri Lanka, Nepal y Colombia, o los disturbios en los estados fallidos, o próximos a fracasar, de África, no han suscitado en Occidente más que un interés intermitente.

2.3.- Peculiaridades de los nuevos movimientos
Dos son las cosas que distinguen a estos nuevos movimientos. Están integrados por pequeñas minorías, pese a que tales minorías disfruten de una cierta simpatía pasiva por parte de las masas en cuyo nombre dicen actuar, y su modus operandi característico ha venido siendo el de la acción en pe-queños grupos. Se dice que las llamadas «unidades de servi¬cio activo» del IRA Provisional no estuvieron nunca com¬puestas por más de doscientos o trescientos individuos, y dudo que las Brigadas Rojas de Italia o la ETA vasca contasen con más efectivos. En la época en que se hallaba radicado en Afganistán, es probable que el más formidable de los movi¬mientos terroristas internacionales, el de Al Qaeda, no dis¬pusiera de más de cuatro mil individuos. Su segunda característica estriba en que (con raras excepciones, como la de Ir¬landa del Norte) sus militantes «son, por término medio, más cultos y proceden de un entorno social más elevado que el de otros miembros de la comunidad a la que pertenecen». Incluso en Palestina, donde representan un corte transver¬sal de la población de los territorios ocupados, y entre cuyas filas cabe incluir un elevado porcentaje de activistas proce¬dentes de campos de refugiados, el 57 por 100 de los terroris¬tas suicidas poseen una cierta educación, por encima del ni¬vel propio de los institutos de enseñanza secundaria, lo que contrasta con la representación de este grado de formación en la población total, que es del 15 por 100 entre las personas de edades comparables.
Pese a ser muy pequeños, estos grupos han ejercido una presión lo suficientemente formidable como para que los gobiernos movilicen contra ellos fuerzas de dimensiones relativa, o incluso absolutamente, enormes. Sin embargo, aquí se observa una interesante divergencia entre el Primer y el Tercer Mundo (mientras duró, el Segundo Mundo de los regímenes comunistas, pese a hallarse al borde del des¬plome, permaneció enteramente inmune a tales movimien¬tos, hasta que se vino efectivamente abajo). En Europa, en conjunto, al menos durante los dos primeros períodos que aquí estudiamos, se opuso a la nueva violencia política una fuerza limitada que no causó fisuras dignas de mención en los gobiernos constitucionales, aunque se produjeran algunos momentos de histeria y unos cuantos abusos de poder graves, en especial por parte de la policía de los estados y de las fuerzas armadas, bien formales o informales. ¿Se debió esto a que los movimientos europeos no supusieron una ame¬naza clave para los regímenes nacionales? Es cierto que no re¬presentaron, y siguen sin representar, tal amenaza, aunque de hecho los movimientos nacionalistas separatistas de Ir¬landa del Norte y el País Vasco hayan estado más cerca de al¬canzar sus fines políticos con la ayuda de la presión armada del IRA y de ETA. También es probablemente cierto que la policía y los servicios secretos europeos eran y son lo sufi¬cientemente eficientes para haberse infiltrado en muchos de esos movimientos, principalmente en el IRA, y es probable que también en las Brigadas Rojas italianas. No obstante, resulta significativo que, a pesar de algunas implacables ac¬tividades contraterroristas realizadas por «entidades ofi¬ciales desconocidas» tanto en Irlanda como en España, no se hayan producido fenómenos de «guerra sucia» de la magni¬tud, y con el grado de tortura sistemática y de terror, que encontramos en América Latina. En esta zona, el grado de violencia del contraterrorismo excedió con mucho el de la violencia política de los insurrectos, incluso en los casos en que éstos eran proclives a cometer atrocidades, como los de Sendero en Perú.
En esencia, estas infames «guerras sucias» iban dirigidas contra grupos de este tipo, y con frecuencia su realización corría a cargo de pequeñas fuerzas integradas por especialistas profesionales equivalentes a los de la minoría terrorista. De este modo, en América Latina el objeto de los regímenes torturadores, en la medida en que no se tratara de una degeneración patológica de la política, no estribaba por lo común en disuadir a la gente e impedir que tomase parte en actividades subversivas, sino, de forma más concreta, en obtener información de los activistas en relación con las operaciones de sus grupos. Tampoco fue la disuasión el ob¬jetivo de los escuadrones de la muerte. La meta era más bien eliminar a los individuos a quienes se había dado en considerar culpables sin demoras legales ni riesgo de abso¬lución. Por lo general, el terror dirigido contra poblaciones enteras juzgadas disidentes es de por sí notablemente bru¬tal, como ha sido el caso de la segregación racial en Sudáfrica y en Palestina, pero su aplicación es aún más tosca. El número de personas muertas en Palestina antes de la se¬gunda Intifada fue casi con toda certeza inferior a la cifra de «desaparecidos» en el Chile de Pinochet. Hay que admitir que la barbarie ha progresado lo suficiente para que se haya llegado a considerar que una represión que no produzca más que uno o dos cadáveres al día no alcanza el nivel de mortandad que automáticamente se aúpa a los titulares. Pese a ello, las autoridades de países como Colombia y Perú han combatido sus movimientos guerrilleros rurales con insólita furia.
El peligro efectivo que representan las nuevas redes terroristas para los regímenes de los estados estables del mundo desa¬rrollado, así como para los de Asia, sigue siendo insignifi¬cante. Unas cuantas decenas o unos centenares de víctimas de un atentado con bomba en los sistemas del transpone metropolitano de Londres o Madrid no perturban la capa¬cidad operativa de una gran ciudad sino por espacio de unas pocas horas. Por horrenda que haya sido la carnicería del 11-S en Nueva York, el poderío internacional y las estructuras internas de Estados Unidos han permanecido completamente intactas. Si ambos elementos se han deteriorado no ha sido como consecuencia de las acciones de los terroristas, sino de las del gobierno estadounidense. La India, la mayor democracia del mundo, es un buen ejemplo de la capacidad de resistencia de un estado estable. Pese a que en los últimos veinte años haya perdido a dos dirigentes a manos de asesinos, viva una situación de guerra de baja intensidad en Cachemira y sufra los actos de un amplio abanico de movimientos guerrilleros en sus provincias nororientales, a nadie se le ocurriría decir que no sigue siendo un estado estable con plena capacidad operativa.
Esto pone en evidencia la relativa y absoluta debilidad de la fase que viven actualmente los movimientos terroristas. Dichos movimientos son síntomas, no agentes históricos significativos; lo cual no se ve alterado por el hecho de que, gracias a las transformaciones de los armamentos y las tácticas, grupos pequeños, e incluso individuos, puedan causar mayor daño per cápita del que solían, y tampoco queda modificado por los utópicos objetivos que defienden, o dicen defender, algunos grupos terroristas. Al operar en estados es¬tables con regímenes estables, carentes además del apoyo de importantes sectores de la población, constituyen un pro¬blema policial, no militar. Incluso en aquellas situaciones en que el terrorismo practicado por células pequeñas forma parte de un movimiento general de disidencia, como es el caso de los brotes de Al Qaeda en la resistencia iraquí, éstos no integran la parte principal del movimiento, ni la más efi¬ciente desde el punto de vista militar, sino que constituyen únicamente elementos marginales que vienen a añadírsele. Y en lo que hace a su actividad fuera del radio de acción de la población que les profesa simpatía, como en el caso de los te¬rroristas suicidas palestinos de Israel o de un puñado de jó¬venes integristas musulmanes de Londres, apenas tiene otra importancia que la propagandística. Nada de lo afirmado significa que no sean necesarias sólidas medidas policiales de orden internacional para combatir el terro¬rismo de los pequeños grupos, en especial el de los de tipo transnacional, aunque sólo sea porque existe el peligro de que en el futuro pudiera darse la circunstancia de que estos grupos se las arreglaran para hacerse con un dispositivo nu¬clear y con la tecnología precisa para utilizarlo.
Resulta comprensible que esos movimientos creen un gran nerviosismo entre la gente corriente, principalmente en las grandes ciudades occidentales, y en especial cuando tanto el gobierno como los medios se aúnan para generar, en bene¬ficio de sus propios objetivos, un clima de temor, al darles, como han venido haciendo desde el 11 de septiembre de 2001, la máxima publicidad. (Se hace difícil recordar que antes de esa fecha el modo normal, y por completo racional, en que los gobiernos se enfrentaban a dichos movimientos —ETA, Bri¬gadas Rojas, IRA— consistía en «privarles del oxígeno de la publicidad» en la mayor medida posible.).
Nada de todo esto mengua la magnitud de la muy autén¬tica crisis global de la que son expresión las transfor¬maciones de la violencia política. Estas transformaciones parecen constituir un reflejo de las profundas dislocaciones sociales que ha provocado en todos los niveles de la sociedad la más rápida y espectacular metamorfosis de la vida y la so¬ciedad humanas que jamás haya podido experimentarse en el espacio de una vida individual. Dichos cambios parecen ser imagen de la crisis de los tradicionales sistemas de autoridad, hegemonía y legitimidad en Occidente, así como de su de¬rrumbe en Oriente y el Sur, y reflejo igualmente, y al mismo tiempo, de la crisis de los movimientos tradicionales que hasta ahora pretendían ofrecer una alternativa a esa situa¬ción. Las modificaciones se han visto exacerbadas por los fra¬casos de la descolonización en diversas zonas del mundo y, desde el desplome de la Unión Soviética, por el fin de un or¬den internacional estable —y en realidad, por el fin de cualquier género de orden global—.

3. LAS PERSPECTIVAS DE LA DEMOCRACIA.
3.1.- El término democracia
Hay palabras con las que nadie quiere que se le asocie en público, como racismo e imperialismo. Por otra parte las hay que logran que todo el mundo arda en deseos de demostrar entusiasmo, como maternidad y medio ambiente. La palabra «democracia» es una de ellas. Tal vez recuerden que en los tiempos de lo que solía llamarse «socialismo real» hasta los regímenes más inverosímiles se reclamaban democráticos en sus denominaciones oficiales: tal fue el caso de Corea del Norte, de la Camboya de Pol Pot y de Yemen. Hoy, desde luego, es imposible, a excepción de unas cuantas teocracias islámicas y de otros tantos reinos y feudos hereditarios de je¬ques asiáticos, encontrar un régimen que no rinda oficial-mente tributo, tanto en su constitución como en su gobierno, a asambleas o a presidentes elegidos mediante competición electoral. Cualquier estado que posea estos atributos es ofi¬cialmente considerado superior a cualquier otro que carezca de ellos.
De hecho, en el discurso político de nuestros días, cuya práctica totalidad puede describirse, en las palabras del gran Leviatán de Thomas Hobbes, como un «lenguaje sin sen¬tido», la palabra «democracia» alude a este modelo estándar de estado; es decir, a un estado constitucional que ofrece la garantía del imperio de la ley, así como diversos derechos y libertades civiles y políticos, y al que gobiernan sus autoridades, entre las que deben figurar necesariamente asambleas representativas, elegidas por sufragio universal y por la ma¬yoría numérica del conjunto de sus ciudadanos, en eleccio¬nes celebradas a intervalos regulares en las que se enfrenten distintos candidatos y organizaciones rivales. Los historiadores y los científicos políticos podrían recordarnos con ra¬zón que este no es el significado original de la palabra «demo¬cracia», y que ciertamente no es el único. Para mi propósito presente, este matiz va más allá de nuestro asunto. A lo que hoy nos vemos confrontados es a la «democracia liberal», y sus perspectivas.
Tal vez se ciña algo más a la cuestión recordar que no existe un vínculo necesario o lógico entre los distintos com¬ponentes del conglomerado que compone la «democracia li¬beral». Podrían cimentarse estados no democráticos en el principio del Rechtstaat o imperio de la ley, como sucedió in¬dudablemente en los casos de Prusia o de la Alemania impe¬rial. Las constituciones, incluso las constituciones eficaces y operativas, no tienen por qué ser democráticas. Sabemos, desde Tocqueville y John Stuart Mill, que a menudo la demo¬cracia es más una amenaza que una protección, para la liber¬tad de las minorías y la tolerancia que se les profesa. También sabemos, desde Napoleón III, que los regímenes que alcan¬zan el poder mediante un coup d’état pueden continuar ga¬nándose el apoyo de auténticas mayorías mediante sucesivos llamamientos al sufragio universal (masculino). Y —por es¬coger únicamente unos cuantos ejemplos recientes— ni Co¬rea del Sur ni el Chile de las décadas de 1970 y 1980 sugieren la existencia de una ligazón orgánica entre el capitalismo y la democracia, aunque la retórica política de Estados Unidos trate ambas cosas como si se tratara casi de gemelos siameses. Con todo, dado que nos ocupamos de la práctica política y social de hoy, y no de la teoría, tal vez podamos considerar que estas cuestiones son meros tiquismiquis académicos, excepto en la medida en que sugieran que buena parte de los argumentos favorables a la democracia liberal dependen más de su componente liberal constitucional que de su ingre¬diente democrático o, más exactamente, electoral. La de¬fensa del voto libre no estriba en que garantice los derechos, sino en que permite que la gente (en teoría) se deshaga de los gobiernos impopulares. Y a veces así ocurre.
3.2.- Observaciones críticas sobre la democracia
No obstante, hay tres observaciones críticas que son de más inmediata relevancia.
La primera es obvia, pero su significación no siempre se admite. La democracia liberal, al igual que cualquier otra forma de régimen político, precisa de una unidad política que enmar¬que su ejercicio: por lo común el tipo de estado que habi¬tualmente conocemos como «estado-nación». No puede aplicarse en aquellos ámbitos en que no exista dicha unidad o en los que parezca estar aún alumbrándose, y singularmente no es posible aplicarla a las cuestiones globales, por muy urgentemente que éstas nos acucien. Descríbase como se describa, la política de las Naciones Unidas no admite ser encajada en el marco de la democracia liberal, excepto en sentido figurado. Aún está por ver si es posible adecuar a di¬cho marco la del conjunto de la Unión Europea. Esta es una reserva particularmente sustantiva.
La segunda reflexión arroja algunas dudas sobre la afir¬mación, ampliamente aceptada —de hecho, en el discurso público estadounidense, admitida de forma universal—, de que la gobernanza liberal democrática es siempre e ipso facto superior, o al menos preferible, a la no democrática. No hay duda de que esto es cierto, siendo idénticas todas las demás circunstancias, pero la cuestión es que no siempre lo son. Fíjense más bien en Colombia, una república que, juzgada según pau¬tas latinoamericanas —y de hecho en función de los criterios que hoy gozan de general aceptación—, posee una plusmarca casi única en relación con la permanencia prácticamente inin¬terrumpida de un gobierno democrático, representativo y constitucional. Tal como exige la teoría, dos partidos en¬frentados electoralmente, el de los liberales y el de los con¬servadores, han protagonizado aquí, por lo general, la pugna política. Salvo durante algunos breves intervalos, Colom¬bia nunca se ha encontrado sometida al gobierno del ejército o de los caudillos populistas. Sin embargo, y a pesar de que el país no se haya visto implicado en ninguna guerra internacio¬nal, en Colombia el número de personas muertas, mutiladas y expulsadas de sus casas se ha venido contando por millares a lo largo del último medio siglo. Casi con toda certeza, la ci¬fra supera de lejos a la de cualquier otro país del hemisferio occidental.
La tercera observación quedó expresada en la clásica má¬xima de Winston Churchill: «La democracia es la peor de todas las formas de gobierno, a excepción de todas las de¬más». Pese a que esto se toma habitualmente como un argu¬mento en favor de la democracia liberal representativa, es de hecho una expresión de profundo escepticismo. Sea cual sea la retórica que se emplee en campaña, los analistas políticos y los profesionales siguen mostrándose extremadamente escépticos respecto a que la democracia representativa de masas sea de hecho una forma efectiva de administrar los go¬biernos —o cualquier otra cosa—. Los argumentos en pro de la democracia son básicamente negativos. Incluso como al¬ternativa a otros sistemas, su defensa va indefectiblemente acompañada de suspiros de resignación. Esto no tuvo una ex¬cesiva importancia durante la mayor parte del siglo XX, ya que los sistemas políticos que la desafiaron —hasta el final de la segunda guerra mundial, tanto desde la derecha como desde la izquierda autoritarias, y en tanto no terminó la guerra fría, principalmente desde la extrema izquierda— eran, o al me¬nos así se lo parecían a la mayor parte de los liberales, mani-fiestamente espantosos. No obstante, mientras no hubo de enfrentarse a esos retos, los defectos inherentes a la demo¬cracia liberal representativa como sistema de gobierno resul¬taron obvios tanto para la mayoría de los pensadores serios como para los satíricos. De hecho, esos defectos fueron ob¬jeto de amplios y francos debates, incluso entre los políticos, hasta que se reveló poco aconsejable que éstos dijeran en público lo que verdaderamente pensaban de la masa de vo¬tantes de la que dependía su elección.
Con todo, en los países cuyas tradiciones de gobierno re¬presentativo llevaban largo tiempo establecidas, la democra¬cia no sólo se aceptaba porque los sistemas alternativos pa¬recieran mucho peores, sino también porque, a diferencia de lo sucedido en la terrible época de las guerras mundiales y de la catástrofe económica global, era muy poca la gente que sentía la necesidad de un sistema alternativo; en particular en un período de prosperidad general que lograba una vida mejor hasta para los pobres, y que estaba provisto, además, de sistemas de bienestar público muy amplios. No es en modo alguno seguro que muchas partes del globo, hoy nomi¬nalmente regidas por gobiernos representativos, vivan épo¬cas tan felices.
Es —siempre lo ha sido— un juego de niños criticar la re¬tórica de campaña de la democracia liberal como forma de gobierno. Y sin embargo, hay algo en ella que resulta innega¬ble; «el pueblo» (sea cual sea el grupo de humanos definido como tal) es hoy el fundamento y el punto de referencia co¬mún a todos los gobiernos estatales, excepto el teocrático. Y esto no es sólo inevitable, sino justo, pues si el gobierno tiene algún propósito ha de ser el de hablar en nombre de todos los ciudadanos, y con vistas a la procura de su bienestar. En la era del hombre de la calle, todo gobierno es un gobierno del pueblo y para el pueblo, aunque evidentemente no pueda ser, en sentido operativo alguno, un gobierno regido por el pueblo. Este era un punto de encuentro que compartían los demócra¬tas liberales, los comunistas, los fascistas, o los nacionalistas de todo tipo, pese a que tuvieran ideas diferentes respecto a cómo formular, expresar e influir —no nos andemos con ro¬deos— en «la voluntad del pueblo». Esta es la herencia co-mún que el siglo XX, un siglo de guerras totales y de econo¬mías coordinadas, ha transmitido al XXI. Ese legado descansa no sólo en el igualitarismo de unos pueblos que ya no están dispuestos a seguir aceptando una situación de inferioridad en una sociedad jerárquica dominada por superiores «natu-rales», sino también en el hecho de que, hasta ahora, los es¬tados nacionales, las economías y los sistemas sociales mo¬dernos no han podido funcionar sin el respaldo pasivo e incluso la activa participación y movilización de un número muy elevado de ciudadanos. La propaganda de masas ha sido un elemento esencial incluso para los regímenes dispues¬tos a aplicar una coerción sin límite a sus pueblos. Ni si¬quiera las dictaduras pueden sobrevivir mucho tiempo si sus súbditos dejan de estar dispuestos a aceptar el régimen. Esta es la razón de que, llegado el momento de la verdad, los llamados regímenes «totalitarios» de la Europa del Este, a pesar de seguir contando con la lealtad de su aparato estatal y de tener su maquinaria represiva en buen orden de funciona¬miento, desaparecieran de forma rápida y silenciosa. Esta es la herencia del siglo XX.
3.3.- Problemas de la democracia en los comienzos del siglo XXI.
La actual fase del desarrollo capita¬lista globalizado la está socavando, y esto tendrá, y está teniendo ya, graves implicaciones para la democracia liberal, tal como la concebimos en el momento presente. Y ello por¬que, hoy, la política democrática se asienta en dos supuestos, uno moral, o si lo prefieren, teórico, y otro practico. En tér¬minos morales, la democracia requiere que el régimen cuente con el apoyo expreso del grueso de sus ciudadanos, lo que, se presume, corresponde a la fracción más numerosa de los habitantes del estado. Por muy democráticos que fue¬ran los arreglos para blancos en la Sudáfrica segregacionista, un régimen que prive permanentemente del voto a la mayo¬ría de su población no puede ser considerado democrático. Puede que algunos de los actos por los que se expresa el asen-timiento personal a la legitimidad del sistema político, como el de votar periódicamente en las elecciones, sean poco más que gestos simbólicos, y de hecho, durante mucho tiempo, los científicos políticos han considerado un lugar común que en los estados con grandes cifras de ciudadanos sólo una modesta minoría participa de forma constante y activa en los asuntos de su estado u organización de masas. Esto re¬sulta conveniente para quienes dirigen, y de hecho los polí¬ticos y los pensadores moderados han abrigado durante mu¬cho tiempo la esperanza de que exista un cierto grado de apatía política. Sin embargo, estos actos son importantes.
Hoy nos enfrentamos a una secesión extremadamente obvia: la de los ciudadanos respecto de la esfera de la política. La participación en las elecciones parece estar disminu¬yendo en la mayoría de los países liberaldemócratas.
Desde el punto de vista práctico, los gobiernos de los mo¬dernos estados-nación territoriales—todos los gobiernos— descansan en tres presupuestos: en primer lugar, que tienen más poder que otras unidades que operan en su territorio; en segundo lugar, que los habitantes de sus territorios están más o menos dispuestos a aceptar de buena gana su autori¬dad; y en tercer lugar, que los gobiernos pueden proporcio¬nar a los ciudadanos servicios que de otro modo no sería po¬sible prestar en absoluto, o no con la misma eficacia —como es el caso, según advierte la frase proverbial, de «la ley y el or¬den»—. En los últimos treinta o cuarenta años, estas presun¬ciones han ido perdiendo validez de forma progresiva.
Vayamos al primer punto: pese a que aún sean mucho más fuertes que cualquier rival interno, como lo muestran los últimos treinta años vividos en Irlanda del Norte, hasta los estados más fuertes, estables y eficaces han perdido el monopolio absoluto de la fuerza coercitiva. Y una de las ra¬zones, nada desdeñable, que lo explica es la catarata de nue¬vos instrumentos de destrucción, pequeños y portátiles, que hoy se encuentran fácilmente al alcance de los pequeños grupos disidentes, así como el carácter de la vida moderna, extremadamente vulnerable a episodios de súbita desorga¬nización, por breves que sean. Fijémonos ahora en la se¬gunda cuestión: los dos pilares más sólidos de un gobierno estable han comenzado a tambalearse, esto es (en los países que descansan en la legitimidad popular), la lealtad y el servicio voluntario de los ciudadanos a los estados, y (en los paí¬ses que prescinden de dicha legitimidad popular) la dispo¬sición a acatar el poder del estado, pese a que éste esté muy arraigado y sea abrumador. Sin el primero de estos pilares, las guerras totales basadas en el servicio universal y en la movilización de la nación habrían sido tan imposibles como el incremento experimentado por la renta pública de los estados, que no habría podido elevarse hasta alcanzar el porcentaje del Producto Nacional Bruto al que actualmente ha llegado, un incremento que puede que hoy supere el 40 por 100 del PNB en algunos países y que asciende aproximadamente al 20 por 100 de la ri¬queza nacional incluso en Estados Unidos y en Suiza. Sin el segundo, según manifiesta la historia de África y de grandes regiones de Asia, no habría sido posible que pequeños grupos de europeos hubiesen conservado su dominio colonial por espacio de varias generaciones con un coste relativa¬mente moderado.
El tercer presupuesto se ha visto socavado no sólo por el debilitamiento del poder del estado sino, a partir de la década de 1970, por el hecho de que los políticos y los ideólogos hayan vuelto a proceder, con argumentos favorables al laissez faire, a una crítica extremadamente radical del estado, crítica que sostiene que el papel de éste debe ser reducido a toda costa. Se argumenta, con más convicción teológica que prue¬bas históricas, que todo servicio que puedan proporcionar las autoridades públicas es, bien indeseable, bien redundante, pues «el mercado» puede prestarlo mejor, con mayor eficacia y a menor coste. Desde que se ha planteado este argumento, los servicios públicos (y, por cierto, también los ser¬vicios cooperativos) han sido sustituidos de forma generali¬zada por servicios privados o privatizados. Actividades tan características del gobierno nacional, o del local, como las oficinas de correos, las prisiones, los colegios, el suministro de agua e incluso los servicios de asistencia social han sido puestas en manos de empresas privadas o transformadas en negocios lucrativos, y, al mismo tiempo, los funcionarios públicos han sido transferidos a agencias independientes o reemplazados por subcontratistas comerciales. Se han sub¬contratado incluso algunos sectores de la defensa militar. Y, por supuesto, el modus operandi de la empresa privada, cen¬trada en la maximización de beneficios, se ha convertido en el modelo al que aspira incluso el gobierno. En la medida en que esto se verifica, el estado tiende a confiar en mecanismos económicos privados y a sustituir con ellos la movilización activa y pasiva de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, no puede negarse que, en los países ricos del mundo, los extraordina¬rios triunfos de la economía ponen a disposición de la mayo¬ría de los consumidores más bienes de los que el gobierno o la acción colectiva hayan prometido o proporcionado jamás en épocas de menor bonanza.
Sin embargo, en esto reside precisamente el problema. El ideal de la soberanía del mercado no es un complemento de la democracia liberal, sino una alternativa a este sistema. De hecho, es una alternativa a todo tipo de política, ya que niega la necesidad de tomar decisiones políticas, que son precisa¬mente decisiones relacionadas con intereses comunes o de grupo en tanto que intereses distintos de la suma de opcio¬nes, racionales o de otra clase, de unos individuos dedicados a la procura de sus preferencias privadas. En cualquier caso, el mencionado ideal sostiene que el constante proceso de averiguación que conduce a descubrir qué es lo que la gente quiere, averiguación que proporciona el mercado (junto con los estudios de mercado), es necesariamente más eficaz que el ocasional recurso al burdo recuento de papeletas electo¬rales. La participación en el mercado sustituye a la participa¬ción en la política. El consumidor ocupa el lugar del ciuda¬dano. En este sentido, el señor Fukuyama ha argumentado que el hecho de optar por no votar, como el de preferir com¬prar en un supermercado en lugar de en un pequeño comer¬cio local, «es reflejo de que la población realiza una elección democrática. Los ciudadanos desean la soberanía del consu¬midor». No hay duda de que así es, pero ¿es esta preferencia compatible con lo que ha venido considerándose un sistema político liberal demócrata?
Por consiguiente, tanto el estado territorial soberano como cualquier combinación de estados, siendo como son el marco esencial de la política democrática o de cualquier otro tipo de política, viven hoy una situación de mayor debilidad que antes. El alcance y la eficacia de sus actividades son infe¬riores a los de épocas pasadas. Su imperio sobre la obedien¬cia pasiva y el servicio activo de sus súbditos o ciudadanos está declinando. Los dos siglos y medio en que los estados territoriales modernos, fuera cual fuese la naturaleza o la ideología de sus regímenes, han asistido al crecimiento inin¬terrumpido de su poder, de su campo de acción, de sus ambi¬ciones y de la capacidad de movilización de sus habitantes parece llegar a su fin. La integridad territorial de los estados (lo que los franceses llaman «la república una e in¬divisible») ya no es algo que se dé por supuesto. Dentro de treinta años, ¿será una sola España, o Italia, o Gran Bretaña, la que constituya el principal polo de lealtad de sus ciudada¬nos? Por primera vez en siglo y medio resulta posible plan¬tear esta interrogante con realismo. Y todo esto no puede sino afectar a las perspectivas de la democracia.
En primer lugar, la relación entre los ciudadanos y las autoridades públicas adquiere un carácter más lejano, y sus vínculos se atenúan. Se ha producido un marcado declive de ese «poder divino que protege» no sólo la majestad shakesperiana, sino los símbolos públicos de la cohesión nacional y la lealtad de los ciudadanos en cualquier gobierno legí¬timo, en especial en los democráticos: la presidencia, la mo¬narquía y, lo que quizá resulte aún más teatral en Gran Bre¬taña, el Parlamento. ¿Qué podría resultar más significativo de su declive que el mero hecho de que la imagen gráfica ofi¬cial del Parlamento que aparece en nuestras pantallas apenas intente disimular la dispersión de un puñado de personajes en un espacio de verdes escaños vacíos? Sus sesiones no son materia informativa, ni siquiera en la prensa seria, excepto como pugilatos de tribuna o chistes. Ha habido un profundo declive en los movimientos o las organizaciones políticas dedicadas a activar al conjunto de los pobres, llamamiento que confería un significado de cierta autenticidad a la pala¬bra «democracia».
De ahí que no sólo haya menguado la disposición de los ciudadanos a participar en política, sino también la eficacia de la clásica y —según la teoría convencional— única forma legítima de ejercer la ciudadanía, esto es, la elección por su¬fragio universal de aquellas personas que representan al «pueblo» y están por tanto autorizadas a gobernar en su nombre. Entre dos elecciones consecutivas —es decir, por espacio de varios años, habitualmente—, la democracia existe sólo como una amenaza potencial que se cierne sobre la reelección de esas personas o el éxito de sus partidos. Ahora bien, esto adolece claramente de falta de realismo, tanto desde el punto de vista de los ciudadanos como desde la perspectiva del gobierno. De ahí que empeore cada vez más la ya baja calidad intelectual de la retórica pública de los políticos democráticos, en especial cuando se ven confron¬tados con dos de los elementos del actual proceso de la polí¬tica democrática que han adquirido un carácter progresiva¬mente más central: el papel de los medios de comunicación modernos, y la expresión de la opinión pública a través de la acción (o la inacción) directa.
La razón es que estos son los dispositivos con los que, en el lapso que media entre dos elecciones, se ejerce un cierto control sobre las acciones del gobierno. Su desarrollo compensa asimismo el debilitamiento de la participación ciudadana y la merma de la eficacia del tradicional proceso vincu-lado al gobierno representativo. Los titulares, o mejor dicho, las irresistibles imágenes de la televisión, son el objetivo inmediato de todas las campañas políticas, porque resultan mucho más efectivas que la movilización de decenas de mi¬les de personas. Y porque, desde luego, es mucho más fácil emitirlas que activar a la gente. Hace ya mucho tiempo que quedaron atrás los días en que todo el trabajo del despacho de un ministro quedaba aparcado para responder a una inmi¬nente indagación crítica ante el Parlamento. Lo que para en seco al mismísimo número 10 de Downing Street es la pers¬pectiva de que un periodista de investigación pueda publicar algo.
El principal papel de los medios en la política moderna es obvio. Gracias a ellos, la opinión pública es más poderosa que nunca, lo que explica el ininterrumpido crecimiento de las profesiones que se especializan en influir en ella. Lo que no suele comprenderse con la misma claridad es el crucial víncu-lo que une la política mediática y la acción directa, esto es, la acción que emana desde abajo e influye directamente en los más altos mandatarios encargados de adoptar decisiones, saltándose los mecanismos intermedios con que cuentan los gobiernos representativos oficiales. Una ac¬ción directa con un objetivo bien elegido y realizada por gru¬pos pequeños y plenamente conscientes de la importancia de las cámaras puede ser muy eficaz, incluso contra organiza¬ciones concebidas para resultar inmunes a los procesos po¬líticos democráticos como el Fondo Monetario Internacio¬nal y el Banco Mundial. La causa reside, al menos en parte, en esas fotogénicas refriegas que enfrentan a grupos de radica¬les de pasamontañas negros con policías antidisturbios pro¬vistos de cascos y escudos, como en las batallas medievales, en los lugares de más alta cotización mediática.
Todo esto sitúa a la democracia liberal frente a lo que quizá sea su más inmediato y serio problema. En un mundo cada vez más globalizado y transnacional, los gobiernos na¬cionales conviven con fuerzas que ejercen cuando menos el mismo impacto que ellos en la vida cotidiana de sus ciudada-nos, pero que se encuentran, en distintos grados, fuera de su control. Y sin embargo, no tienen la opción política de claudicar ante esas fuerzas que escapan a su control, ni siquiera en caso de que lo desearan. Las declaraciones de impotencia respecto a la inveterada propensión alcista de los precios del petróleo no son prudentes porque, cuando algo va mal, los ciudadanos, incluidos los ejecutivos de las empresas, se muestran convencidos, no sin fundamento, de que el gobierno puede y debe hacer algo al respecto, y esto incluso en países como Italia, donde no se espera nada, o muy poco, del estado, o Estados Unidos, donde amplios sectores del electorado no creen en el estado. Esa es, después de todo, la función del gobierno.
3.4.- La responsabilidad de los gobiernos
Más que en el pasado, éstos se hallan sometidos a la incesante presión de la opinión pública sujeta a un continuo seguimiento, y también son más sensibles a ella. Esto restringe sus opcio¬nes. Ahora bien, los gobiernos no pueden dejar de gober¬nar. De hecho, las exhortaciones de sus expertos en relacio¬nes públicas les indican que ha de vérselos gobernando constantemente, y esto, como sabemos por la historia britá¬nica de finales del siglo XX, multiplica los gestos, las declaraciones y, a veces, las legislaciones innecesarias. No obstante, incluso al margen del imperativo de sus relaciones públi¬cas, y contrariamente a la idea de quienes sueñan con un mundo entera (y benéficamente) gobernado por la «mano invisible» de Adam Smith, hoy las autoridades públicas se en¬frentan constantemente al hecho de tener que tomar, sobre los intereses comunes, unas decisiones cuyo carácter es tanto técnico como político. Y aquí los votos democráticos (o las preferencias de los consumidores en el mercado) no sirven en modo alguno de guía. En el mejor de los casos constituyen un acelerador o un freno. Las consecuencias medioambientales del ilimitado crecimiento del tráfico motorizado y las mejores estrategias para enfrentarse a ellas no pueden descubrirse simplemente por medio de referendos. Además, esas estrategias podrían resultar impopulares. Y en una democracia, es poco prudente decirle al electorado co¬sas que éste no quiere oír. ¿Cómo puede organizarse racio¬nalmente la economía del estado, si los gobiernos están per¬suadidos de que toda propuesta que aumente los impuestos de cualquier artículo o servicio equivale a un suicidio electo¬ral, si las campañas electorales son, por consiguiente, otros tantos certámenes de fraude tributario, y si los presupues¬tos del gobierno son un ejercicio de ocultación al fisco? En resumen, la «voluntad del pueblo», sea cual sea la forma en que ésta se exprese, no puede determinar de hecho las tareas específicas del gobierno. El pueblo no es capaz de juz¬gar los proyectos, sino los resultados. Se le da inconmensu¬rablemente mejor votar en contra que a favor. Y cuando en efecto logra uno de sus más significados triunfos negativos, como el de acabar con cincuenta años de regímenes de pos¬guerra corruptos en Italia y Japón, es incapaz de proporcio¬nar por sí mismo una alternativa.
Y sin embargo, se gobierna para el pueblo. Los efectos del gobierno han de juzgarse en función de lo que éste haga al pueblo. Por muy desinformada, ignorante o incluso estúpida que se presente la «voluntad del pueblo», por inadecuados que sean los métodos para descubrir en qué consiste, esa voluntad es indispensable. ¿De qué otro modo podríamos valorar la forma en que las soluciones técnico-políticas que da¬mos a los problemas que preocupan a la humanidad —por muy especializadas y técnicamente satisfactorias que resulten en otros aspectos— influyen en las vidas de los seres humanos de carne y hueso? Los sistemas soviéticos fracasa¬ron porque no existía una comunicación de doble sentido entre quienes tomaban las decisiones «en interés del pueblo» y aquellos sobre quienes se imponían tales decisiones. En los últimos veinte años, la globalización del laissez-faire ha cometido el mismo error. Como tal, esa globalización ha sido obra del gobierno, que ha eliminado sistemáticamente todos los obstáculos que se le oponían, siguiendo el consejo de los más autorizados especialistas en técnicas económicas. Tras pasar veinte años sin prestar atención a las consecuencias sociales y humanas de un capitalismo global carente de trabas, el presidente del Banco Mundial ha llegado a la conclusión de que, en la mayoría de la población del planeta, la palabra «globalización» suscita más «temor e in-seguridad» que «oportunidad e inclusión».
Y sin embargo, nadie puede negar que, en el marco de la democracia liberal, una de las cosas que añaden dificultad a la gobernanza es el hecho de tener que escuchar la voluntad del pueblo. Hoy, los gobiernos casi nunca cuentan con la so¬lución ideal. Esa solución es la que antiguamente daba fun-damento a la confianza que depositábamos en los profe¬sionales de la medicina y en los pilotos de aviación, la misma en la que ambos especialistas tratan aún de afianzarse —en un mundo en el que están aumentando los recelos—, a sa¬ber, la convicción popular de que tanto nosotros como ellos compartimos los mismos intereses. No les indicábamos de qué modo tenían que servirnos, dado que, al no ser expertos no podíamos hacerlo, pero poníamos nuestra confianza en ellos mientras algo no saliera mal. Pocos gobiernos (en tanto que instancias distintas de los regímenes políticos) disfrutan hoy de esta fundamental confianza a priori. En las democracias liberales, esto es, en las multipartitas, es raro que los gobiernos vengan a representar una mayoría efectiva de los votos, y menos aún del electorado. Las viejas escuelas de democracia y sus principales motores, es decir, los partidos y las organizacio¬nes de masas que un día proporcionaron a «sus» gobiernos precisamente ese tipo de confianza a priori al ofrecerles su constante apoyo, se han desmoronado. En el clima creado por los omnipresentes y todopoderosos medios de comuni¬cación, los pasajeros del vehículo democrático, empeñados en dar consejos al conductor al pretender hallarse en po¬sesión de una pericia capaz de rivalizar con la del gobierno en su labor, se dedican a comentar constantemente la actua¬ción de éste.
En tales circunstancias, la solución más conveniente para los gobiernos democráticos, y a veces la única, consiste en mantener el mayor número de decisiones posible al margen de la publicidad y de la política, o en eludir al menos el pro¬ceso que conlleva el gobierno representativo, lo que implica prescindir tanto del electorado final como de las actividades de las asambleas y las instancias elegidas por él. (Estados Unidos —que constituye, hemos de admitirlo, un caso ex¬tremo— sólo funciona como un estado provisto de una po¬lítica gubernamental coherente debido a que, en ocasiones, los presidentes han encontrado formas de sortear los extraordinarios enredos que genera el Congreso elegido de-mocráticamente.). Esto hará que una buena canti¬dad de cuestiones políticas se negocien y se decidan entre bastidores, lo que aumentará la desconfianza de los ciudada¬nos en el gobierno y empeorará la opinión que tienen de los políticos. Los gobiernos librarán una constante guerra de guerrillas contra la coalición compuesta por una bien orga¬nizada minoría decidida a hacer campaña en favor de los intereses económicos y los medios de comunicación. Dichos medios tenderán cada vez más a considerar que su función política consiste en publicar lo que los gobiernos preferi¬rían mantener oculto, pese a que al mismo tiempo confíen —y esa es la ironía de una sociedad basada en un ilimitado flujo de información y en el ocio— en los propagandistas de las instituciones que debieran criticar para dar contenido a sus pantallas y a sus páginas.
3.5.- El futuro de la democracia liberal
Por consiguiente, ¿cuál es el futuro de la democracia libe¬ral en esta situación? Sobre el papel no parece demasiado sombrío. Salvo por la teocracia islámica, no existen ya, en principio, movimientos políticos pujantes que rivalicen con esta forma de gobierno, y no es probable que surja ninguno en el inmediato futuro. La segunda mitad del siglo XX fue la edad de oro de las dictaduras militares, las cuales constitu¬yeron, con gran diferencia, un peligro mucho mayor que el comunismo para los regímenes occidentales y los sistemas electorales independientes de las antiguas colonias. El siglo XXI no parece ser tan favorable para esas dictaduras —nin¬guno de los numerosos estados pertenecientes a la antigua esfera comunista ha optado por continuar en esa senda—, y en cualquier caso, la práctica totalidad de dichos regímenes carecen de una convicción antidemocrática plenamente re¬suelta, y se limitan a pretender ser los salvadores de la cons¬titución hasta el día (no especificado) en que se recupere la gobernanza civil. Aunque esto tampoco significa que este¬mos asistiendo al fin de los gobiernos impuestos mediante efectivos provistos de tanques apostados en las esquinas de las calles, en especial en las numerosas regiones en que sub¬siste la pobreza y el descontento social.
Además, fuera como fuese la situación anterior a los seísmos económicos de los años 1997 y 1998, hoy está claro que no va a cuajar la utopía de un mercado global del laissez-faire en el que vayan a disolverse los estados. Por tanto, la mayor parte de la población mundial, y ciertamente las personas que habitan en regímenes liberal demócratas dignos de tal nombre, seguirá viviendo en estados operativamente efica¬ces, pese a que en algunas desdichadas regiones el poder del estado y de la administración haya quedado prácticamente desintegrado. La mayoría de los países pertenecientes a las Naciones Unidas conseguirán sacar el mejor partido posible de un sistema político recién reformado, o (como sucede en grandes zonas de América Latina) con un sistema con el que llevan familiarizados mucho tiempo, aunque de forma intermitente. Este sistema no conocerá el éxito con excesiva frecuencia pero es posible que a veces lo alcance. Por consi¬guiente, la política permanecerá. Y dado que seguiremos viviendo en un mundo populista en el que los gobiernos de¬ben tener en cuenta al «pueblo» y en el que el pueblo no puede vivir sin gobierno, las elecciones democráticas conti¬nuarán produciéndose. Hoy se reconoce de forma casi uni¬versal que dichas elecciones son el factor que determina la le¬gitimidad y, por cierto, el que proporciona a los gobiernos una forma práctica de consultar al «pueblo» sin obligarles a comprometerse necesariamente con nada que tenga un ca¬rácter muy concreto.
En resumen, nos enfrentaremos a los problemas del si¬glo XXI con un conjunto de mecanismos políticos radical¬mente inadecuados para abordarlos. En efecto, dichos meca¬nismos se hallan circunscritos al marco definido por las fronteras de los estados-nación, cuyo número está aumen¬tando, y han de hacer frente a un mundo globalizado que su¬pera el alcance de su capacidad operativa. Ni siquiera está claro hasta qué punto ha de resultar posible aplicarlos en el interior de un territorio vasto y heterogéneo que de hecho posee un marco político común, como la Unión Europea. Han de encarar y competir con una economía mundial que opera eficazmente a través de entidades muy diferentes en cuyo seno las consideraciones de legitimidad política y de in¬terés común no tienen aplicación: las compañías transnacio¬nales. Estas empresas eluden la política todo cuanto pue¬den, que es mucho. Y sobre todo, nuestros mecanismos políticos arrostran los fundamentales problemas que plan¬tea el futuro del mundo en una época en que el impacto de la acción humana sobre la naturaleza y el globo ha pasado a convertirse en una fuerza de proporciones geológicas. Su solución, o su alivio, exigirá —debe exigir— medidas para las que, casi con toda certeza, no será posible encontrar apoyo mediante el recuento de votos o la estimación de las prefe¬rencias de los consumidores. A largo plazo, esta perspectiva resulta tan poco alentadora para las expectativas de la demo¬cracia como para las del globo.
En pocas palabras, encaramos el tercer milenio como aquel irlandés del cuento a quien, tras preguntársele el modo de llegar a Ballynahinch, se le oyó decir, no sin previa cavila¬ción: «Si yo fuera usted, no partiría de aquí».
Pero de aquí es de donde hemos de partir.